Zoila
Juárez y Eduardo Suárez
La
biodiversidad y riqueza multicultural que compone a México se
convirtieron en una bendita maldición, pues a más de 500 años que
inició la colonización de Mesoamérica por parte de los europeos,
persisten “Las venas abiertas de América Latina”: la explotación
y negación de los pueblos originarios continúa pese a que
comenzaron a despertar de su letargo. Hay una enorme deuda con las
culturas autóctonas.
Es
América Latina la región de las venas abiertas. Desde el
descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en
capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se acumula
en los lejanos centros de poder… (Galeano, 2003).
Las
políticas expansionistas e integracionistas neoliberales intentan
hacer de las diversas culturas alternas a la occidental, objetos
folclóricos que hay que domesticar y homogeneizar para sumarlas al
sistema “capitalista salvaje”, donde el dinero es el Dios que
mueve el hambre de desarrollo tecnológico en la globalización.
Se
olvida que la cultura no es un objeto inerte que se guarda en un
museo, sino es como energía que no se crea ni se destruye, solo se
transforma. Los pueblos originarios o llamados indígenas son como
cualquier ente que expresa vicios y virtudes, deseos y ambiciones y
toda una cosmovisión de organización cultural, que no
necesariamente está peleada con el desarrollo económico de las
naciones.
Fue
en el seno de la Organización Naciones Unidas (ONU) donde el
desarrollo económico, todavía una idea general e insustanciada,
adquirió un nuevo campo de preocupación al comenzar a hablarse de
países subdesarrollados y problemas del subdesarrollo.
De
aquí arranca lo que justamente se ha llamado ‘el escándalo del
subdesarrollo’, que inunda con su presencia tanto las discusiones
entre científicos sociales como los ridículos comentarios de
proxenetas y antagónicos del status y traficantes de la política.
Este
encuentro con el subdesarrollo ha significado simultáneamente
diversas tomas de conciencia y posiciones contrapuestas, dictaminadas
por la existencia de intereses policéntricos y antagónicos en las
esferas nacional e internacional. (Baez, 1979).
Composición
racial de México
De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el país habitaban hasta el 2010, más de 112 millones 336
mil 538 mexicanos, de ellos 10 185 mil 60 eran indígenas,
quienes representan más del 10 por ciento del total nacional.
Asimismo,
siete de cada 100 personas mayores de 3 años de edad son hablantes
de alguna de las 89 lenguas que sobreviven aún en México; pero sólo
el 81 por ciento de ellos habla el castellano.
Es
posible identificar situaciones contrastantes que nos indican las
diferentes condiciones demográficas en que viven los pueblos indios
de México. Por ejemplo… los zapotecos, que son más de 300 mil,
ocupan territorios diferentes (la sierra, los valles centrales y el
Istmo de Tehuantepec), hablan variantes dialectales cuyas formas más
alejadas no son mutuamente inteligibles y presentan diferencias
culturales muy acentuadas. (Bonfil, 1989).
La
situación de privación generalizada que viven estas poblaciones
deviene de la violación de los derechos humanos. Los Estados nación
están estructurados para no tomar en cuenta las configuraciones
étnicas preexistentes.
La
negación del Otro es la negación de los derechos humanos; lo que se
concretiza es la constante negación de los derechos económicos,
políticos, sociales y culturales de los grupos étnicos.
(Stavenhagen, 1988).
Particularmente,
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
respalda y reconoce a los pueblos indígenas en los artículos 1o;
2o; 18, 115.
En
el artículo 2 se exalta la composición pluricultural de la nación
sustentada por sus pueblos indígenas, a quienes se les reconoce su
estancia en el territorio actual del país antes de la colonización
y “que conservan sus propias instituciones sociales económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”.
En
este artículo, se pide el respeto de sus usos y costumbres, su libre
determinación para decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural; la
preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y su
cultura e identidad, así como la extensión de la red de
comunicaciones que permita su integración y puedan adquirir, operar
y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes
de la materia determinen.
Sin
embargo, la letra de la Constitución mexicana parece estar muerta
en la realidad de estos pueblos, ya que los tres órdenes de gobierno
siguen sin respetarlos y considerarlos para incidir en sus
comunidades u territorios, al mandato de las leyes nacionales y
acuerdos internacionales. La
lucha por el derecho de las diferencias como expesión de una nueva
democracia es trascendental para el desarrollo social de los países
pluriétnicos y pluriculturales de América. Pero la recuperación de
la vida democrática no puede darse sin la participación de los
pueblos étnicos reprimidos que lo integran y de los sectores
populares de la nación. (Ordóñez, 2007).
Medios
de comunicación les son negados a los indígenas
La
Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en
su artículo 16 habla del acceso y condiciones adecuadas para los
medios indígenas, pero el Estado mexicano no ha generado políticas
para los pueblos indígenas que respeten sus derechos a la
información, la conexión a Internet y el libre acceso a los medios
de comunicación.
Medios
de comunicación y pueblos indígenas
Dentro
del Pacto por México, que fue firmado por los tres principales
partidos (PAN, PRD y PRI), se concretaron acuerdos sociales,
económicos y políticos. El pacto detalla a través de 95
compromisos los temas de la agenda del cambio de gobierno.
Sin
embargo, de los compromisos 37 al 45 abarcan los temas de
radiodifusión que prevén consolidar los órganos reguladores, crear
tribunales especiales, hacer del derecho de acceso a la banda ancha
un derecho constitucional, crear una instancia responsable de la
agenda digital, licitar nuevas cadenas nacionales de televisión
abierta, obligar el must carry-must offer y adoptar medidas de
fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y
servicios de datos. (Villamil, 2013)
Estos
compromisos no consideran dos puntos importantes: los medios de
radiodifusión públicos y los medios comunitarios.
La
reforma de telecomunicaciones, entre otras cosas, reduce obligaciones
de los medios comerciales, lo cuales no son privados sino más bien
concesionados; por primera vez se incorporan en los artículos 6 y 7
de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión,
la prohibición de “publicidad integrada” y también el acceso a
nuevas tecnologías como derecho universal.
En
las reformas en los artículos 27 y 28 se establece la creación de
un organismo autónomo (Instituto Federal de Telecomunicaciones,
Ifetel) que le quitará a la Federación la responsabilidad en el
otorgamiento y refrendo de concesiones.
A
diferencia de los beneficios que se otorgan sobre todo a las
televisoras, advertimos que la radio y la televisión públicas,
ciudadanas y comunitarias quedan relegadas, tanto por omisión como
en lo incluido en las nuevas disposiciones de legislación, situación
que va en contra de la pluralidad democrática y diversidad cultural.
(Gómez García & Sosa Plata, 2013).
Por
la ausencia de reconocimiento legal es complicado cuantificar los
llamados medios comunitarios en México. De acuerdo con algunas
estimaciones, existen más de un centenar de radios comunitarias o
indígenas; la mayoría transmiten de manera ilegal.
Su
supuesta ilegalidad ha llevado a la criminalización de estas radios.
Incluso radios como Ñomndaa,
La palabra del agua,
en Xochistlahuaca, Guerrero; Tierra
y Libertad,
en Monterrey; radio purépecha Uékakua,
en Michoacán; o Radio
Totopo, en Juchitán, Oaxaca, entre otras, han sido reprimidas por
agentes de los tres órdenes de gobierno.
A
partir del año 2000, AMARC-México ha iniciado una batalla legal
para gestionar permisos de transmisión. Entre 2004 y 2005, 11
emisoras de Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Michoacán y
Veracruz obtuvieron permisos y en enero del 2010, otras 6 emisoras
obtuvieron este permiso. (Calleja & Solís, 2005)
En
total, según las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) de 2010, existen 20 radios comunitarias
permisionadas.
Sin
embargo, existen radios del gobierno llamadas “indigenistas”, las
cuales a partir de la primera estación instalada hace más de 33
años, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) ha
crecido: actualmente está integrado por 20 radiodifusoras que operan
en 15 estados de la República. Su cobertura abarca cerca de mil
municipios habitados por 6 millones de personas pertenecientes a
algún grupo étnico. (Del Val, Pérez, & Ramos, 2010).
Pero
el marco regulatorio mexicano no reconoce los medios comunitarios. El
debate sobre más reciente sobre la inclusión de las radios
comunitarias ocurrió en 2011, cuando el Instituto Federal Electoral
(IFE) propuso incorporar las radios comunitarias en su nuevo
reglamento de radio y televisión; pero no se concretó.
A
pesar de la ausencia de reconocimiento jurídico, las radios
comunitarias se han legalizado poco a poco por medio de la figura
jurídica de permisionarias (Ley Federal de Radio y Televisión, Art.
13).
La
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
presentó el pasado 3 de mayo el informe Artículo XIII que habla
sobre la regulación de medios en 16 países hispanoamericanos.
(Información, Alianza Regional por la libre expresión e
información, 2013).
En
este primer informe, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.
C., describió la situación que vive México, el cual es uno de los
países con mayor concentración mediática en América Latina:
Por
la ausencia de una figura jurídica reconocida, los medios
comunitarios en México no cuentan con procedimientos y condiciones
de acceso equitativo y no discriminatorio al espectro radioeléctrico.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha
denunciado procesos complejos para obtener los permisionados y ha
recomendado “el reconocimiento por parte del Estado mexicano de las
radios comunitarias”. Esta recomendación sigue sin ser atendida.
Monopolios
que enferman la democracia mexicana
Televisa
y Televisión Azteca ocupan 62% de todas las frecuencias asignadas
para televisión en México y 96% de las concesiones para televisión
comercial. Cada una de estas empresas cuenta con dos canales
nacionales, “caso singular en el ámbito internacional”. La
televisora de la familia Azcárraga concentra 72% de la audiencia
nacional.
En
cuanto a radio, el 76% de las frecuencias de radios comerciales
pertenece a 14 familias. Solo dos cadenas (Radiorama y Acir)
controlan 30% de las emisoras comerciales del país.
Televisa
domina también la televisión de paga, tiene el 95% del mercado de
televisión vía satélite, a través de la empresa Sky, que tiene
1.7 millones de suscriptores y en la televisión por cable, es
propietaria o accionista de Cablevisión, Cablemás y TVI, domina el
50% del Mercado.
El
mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola
compañía (Telmex) que tiene 80% del mercado de telefonía fija y
70% del de telefonía móvil (Telcel).
Por
lo visto, el panorama de los medios de comunicación en México es
gris, pues el acaparamiento de este sector por pocas familias o
consorcios estorba su socialización para la pluralidad de canales y
contenidos para un verdadero ejercicio democrático que incluya a la
mayoría de los mexicanos, tomando en cuenta a las minorías como lo
son los pueblos originarios de México.
Si
la reforma en materia de telecomunicaciones y la apertura tecnológica
se concretara en dirección a la libre expresión de los pueblos
indígenas, estaríamos ante un escenario de oportunidad para
desarrollar nuevos canales comunicativos que refuercen las
incipientes redes comunitarias que hasta el momento han sido acotadas
en su quehacer.
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