Una grieta en la impunidad de las corporaciones

Por Ignacio Cirio* 

Menos de 24 horas después de ser el único país sudamericano que no accediera a la ronda de octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, Ecuador –secundado por Sudáfrica- se anotó un “maracanazo” diplomático al verse aprobada, en el marco del 26vo. Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la creación de un grupo intergubernamental que elaborará una propuesta de tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales (ETN) al cumplimiento de los principios Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales en los países en que radiquen sus inversiones.

La decisión, que contó con la férrea oposición de los países o regiones con mayor presencia de ETN –Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) en primer término- representa un giro de campana en cómo la comunidad internacional se compromete con la defensa activa de los derechos elementales cuando los mismos son violentados no ya en un conflicto armado o por un régimen plutócrata, tal vez un dictadorzuelo de moda, sino por los detentores de las grifas que pueblan el mundo real y también el virtual, habitualmente sazonadas con certificados de “responsabilidad social empresarial”.

Para aterrizarlo: en el actual nivel de la civilización globalizada, ¿la comunidad internacional puede permanecer al margen de la apropiación de las fuentes de agua de la empresa israelí Mekorot generando una crisis humanitaria en el menguado territorio palestino donde se encuentran dichas vertientes? Si la anglo-holandesa Shell contamina miles de hectáreas de tierra fértil y hasta cinco metros de profundidad en Nigeria, volviéndola inutilizable para la agricultura por no realizar las inversiones de clausura de sus pozos petroleros, ¿puede permanecer impune y simplemente migrar sus inversiones y aquí no pasó nada? Y en el caso uruguayo: ¿le es permitido a Phillip Morris someter a Uruguay a una demanda usuraria cuando el estado asume medidas de protección sanitaria de su población en el marco de los convenios antitabaco que la misma comunidad internacional laudó dentro de la Organización Mundial de la Salud?

La impunidad de las trasnacionales…. ¿durará por siempre?

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Alineaciones

La resolución, sometida a votación por Ecuador y Sudáfrica el jueves 26 de junio en Ginebra, Suiza, fue el inesperadamente victorioso último paso de una extensa y áspera negociación diplomática, que casi la hace naufragar. Presentada a la discusión originariamente en noviembre de 2013, congregó la adhesión de más de ochenta estados del Tercer Mundo, pero las diplomacias de Washington y Bruselas fueron “podando” ese fervor inicial: mediante presiones verbales en el mejor de los casos y chantajes que alcanzaban hasta amenazar con el retiro de algunas inversiones norteamericanas o europeas de los países que la acompañaran.

Como suele ocurrir en estos casos el enfrentamiento a la iniciativa del gobierno de Rafael Correa –que ha decidido abortar su vinculación con el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y llevado a juicio a trasnacionales como la petrolera Chevron-Texaco por el daño ambiental ocasionado en la Amazonía- se dio mediante la creación de una propuesta “alternativa”, en este caso de redacción noruega, pero que quitaba el carácter vinculante al mandato sobre el cual los países que integren el grupo intergubernamental trabajen en los dos próximos años.

Acompañaron la propuesta afirmativamente Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, la Federación Rusa, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam, completando un total de 20 votos. Los catorce por la negativa fueron Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unidos y EEUU. La lista de las diez abstenciones es sorprendente, al incluir prácticamente a todos los países latinoamericanos con presencia en el CDH: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, las Maldivas, México, Perú, Arabia Saudita, Sierra Leona y los Emiratos Árabes Unidos.

Algunos discursos integradores parecen decolorarse cuando de enfrentarse a las trasnacionales se trata, en América Latina y el Caribe. En tanto que Brasil se aisló de sus parceiros de los BRICS y Argentina hizo lo propio de este selecto grupo de economías emergentes, al cual no oculta su afán de pertenecer.

La alineación europea en contrario fue sin fisuras, a pesar de que el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó públicamente el apoyo a una normativa vinculante.

En movimiento y movilizados

A diferencia de otras votaciones, la que refería a ETN y DDHH no pasó entre bostezos de funcionarios y atildadas secretarias tomando notas desapasionadamente en sus lap-tops.

Desde el lunes 23, organizaciones de la sociedad civil –ambientalistas, sindicales, de observatorios sobre trasnacionales, etc.- y representantes de comunidades víctimas de las propias corporaciones trasnacionales hicieron presencia en Ginebra. En el lobby y en la movilización.

La convocatoria fue realizada por la campaña internacional “Desmantelando el Poder Corporativo y la Impunidad” (www.stopcorporateimpunity.org) que aglutina a cientos de organizaciones, articuladas asimismo en la “Alianza del Tratado”, cuyo eje precisamente era lograr una resolución del CDH que diera inicio a la discusión de un tratado o protocolo vinculante. Porque los ejemplos de normativas voluntarias, entienden, ya han demostrado su ineficiencia a la hora de controlar a los motores de la inversión global (ver recuadro).

Precisamente el 23 sesionó en el centro de Ginebra el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP, ver aparte) con testimonios de víctimas de las trasnacionales. Y la víspera de la votación se realizó un piquete frente al Palacio de las Naciones Unidas reclamando a las delegaciones gubernamentales comprometerse con la propuesta más abarcativa, que era la de Ecuador-Sudáfrica.

“Esta es una resolución sobre víctimas”, celebróminutos después de conocerse el resultado de la votación Luis Gallegos, experimentado diplomático ecuatoriano y jefe de delegación ante el CDH. Agregó, duro, que en la votación se refleja “quienes defienden los capitales y la banca antes que los seres humanos, las víctimas”. Para Gallegos, el trabajo realizado por las organizaciones civiles y la movilización del día previo, fueron cruciales si bien no para evitar las oposiciones más recalcitrantes, para lograr algunas abstenciones claves."Nosotros (los diplomáticos) cambiamos y nos cambian pero ustedes son permanentes" dijo Gallegos a los representantes de las organizaciones.

“No podemos tener una regulación sobre trasnacionales en base a legislaciones nacionales de los estados. Son negocios trasnacionales que superan los linderos. Todos los países que tenemos víctimas de trasnacionales debemos unirnos para tener el derecho de resarcir a las víctimas, de remediar la situación. Cuando de nosotros (los países del sur) se trata, nos aplican las normas con carácter obligatorio, pero cuando de las trasnacionales se trata, argumentan que los principios deben ser voluntarios. Ya se acabó el régimen de voluntarios, necesitamos normas vinculantes, obligatorias”.

Los integrantes de la campaña “Desmantelando el Poder Corporativo y la Impunidad” celebraron la aprobación de la resolución, cuya única certeza es la de garantizar un período de debate sobre la propuesta de tratado vinculante.

“Nunca vimos este tema como una alternativa jurídica, sino también como una oportunidad integral y dialéctica para la presentación y construcción de las alternativas que estamos construyendo”, señaló en ese contexto Brid Brennan, del Transnational Institute de Holanda y referente de la campaña. La obtención de una resolución aprobada como la de Ecuador “es un espacio donde desarrollar nuevas alternativas y nuevas articulaciones de lucha”, añadió.

Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional señaló que la campaña continuará movilizándose e incidiendo en la construcción del Tratado, que las organizaciones apellidan “de los Pueblos”. Un punto crucial es la difusión de esta victoria  trascendente que puede romper la lógica de impunidad de las trasnacionales, para motivar nuevas valoraciones políticas que marquen el rumbo a la campaña, lanzada en 2012 aunque en rigor es el acumulado de varias décadas de articulación, en su próxima fase.

Dos años de plazo parecen mucho, pero si se calibra el objetivo a alcanzar, pasarán rápido. Los gobiernos que actúan como portavoces de sus empresas y las mismas trasnacionales lo saben.

Una periodista acreditada en NNUU, en tanto recogía declaraciones de los voceros de la campaña adelantaba: “los veré muchas veces en los próximos años por aquí. Las empresas ya han comenzado a presionar. Días atrás escribí una historia para un periódico alemán con denuncias de trasnacionales…y me recortaron los nombres. La presión será mucha”.

El reloj ya está corriendo.

Ignacio Cirio (@nachocirio, periodista, Radio Mundo Real, esta nota fue publicada por el semanario Brecha de Montevideo, jueves 17 de julio 2014)